Alfonso Romo Garza, quien hasta hace unos días era el jefe de la Oficina de la Presidencia, no fue investigado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni por la Secretaría de la Función Pública (SFP), pese a que el pasado 3 de marzo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó que se revisaran las afectaciones ambientales causadas por el megaproyecto Enerall que aquél fundó en 2012 y el cual está en manos de su familia.

La investigación se ordenó luego de que se publicara el reportaje “Un cacique del agua en el paraíso maya” en la plataforma latinoamericana Connectas en alianza con Proceso, Univision, Ruido en la Red, Aristegui Noticias y Vice en Español, el cual reveló que Enerall, la empresa con el mayor número de concesiones de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán, realizó una serie de afectaciones a flora, fauna y tapó un cenote en el acuífero con la reserva más importante del país.

La Ley de Residuos Sólidos, que entró en vigor este 1 de enero, contempla multas de hasta 8,500 dólares para quienes violen las normas medioambientales. En 2019, la capital mexicana produjo 13,000 toneladas de basura al día. Más noticias aquí.