Una evaluación de la gobernanza ambiental en la práctica en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Un medio ambiente sano es crítico para la salud pública, la vitalidad de los ecosistemas y la sostenibilidad de las sociedades. La mayoría de los países apoyan esta visión y han adoptado un marco legislativo en materia ambiental o incorporado en sus constituciones el derecho a un medio ambiente sano. Sin embargo, a menudo la práctica queda rezagada con respecto a las leyes ambientales y hasta la fecha existen muy pocos datos para ayudar a comprender y abordar esta brecha. Los Indicadores de Gobernanza Ambiental para América Latina y el Caribe© (IGA) representan el primer esfuerzo realizado para abordar este desafío mediante la medición del funcionamiento de la gobernanza ambiental en la práctica en diez países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay. Los IGA proporcionan datos nuevos organizados en torno a 11 indicadores primarios de gobernanza ambiental para cada país: 1) Regulación y cumplimiento; 2) Participación ciudadana; 3) Derechos fundamentales ambientales y sociales; 4) Acceso y calidad de la justicia; 5) Calidad del aire y clima; 6) Recursos y calidad del agua; 7) Biodiversidad; 8) Bosques; 9) Océanos, mares y recursos marinos; 10) Gestión de residuos; y 11) Extracción y minería. 

Además, este informe presenta datos clave procedentes de terceros sobre el contexto de gobernanza, capacidad institucional, leyes y reglamentos, y desempeño ambiental de cada país, con el fin de ofrecer un panorama más completo de las cuestiones de contexto que inciden en el estado de la gobernanza ambiental o que son el resultado de ésta.

El Inventario de Residuos Sólidos (irs), es elaborado anualmente por la Secretaría del Medio Ambiente, dicho documento, el cual pretende contribuir a las políticas públicas de prevención y minimización de los residuos sólidos de la Ciudad de México, a través de la recopilación, análisis, integración y difusión de información que sirva como insumo para la construcción de estas. Ello, bajo la participación coordinada de diferentes entes clave de la Administración Pública, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su Reglamento.

Reducir las emisiones de partículas y precursores de O3 es prioritario, puesto que estos contaminantes generan impactos en la salud de la población. La mala calidad del aire incrementa la tasa de incidencia y la mortalidad asociada a cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias, cardiovasculares y metabó licas. Distintos estudios estiman que, en la ZMVM, se podrían evitar más de 6 mil 500 muertes anuales en caso de cumplir con los límites normados para partículas PM 2.5< y O3 (INSP & INECC, 2017; Trejo-González et al., 2019). Alrededor del 90% de estos beneficios se asocian a la contaminación por PM 2.5, contaminante que ocasiona los impactos a la salud más severos. Se destaca que evitar estas defunciones se traduciría en beneficios económicos que ascienden a 130 mil millones de pesos a precios de 2018. Además, el resto de los contaminantes atmosféricos también generan impactos negativos en la salud de la población; por ejemplo, algunos COV son altamente tóxicos y/o carcinogénicos, aunque su concentración en el aire ambiente aún no se regula a nivel nacional.

Resulta igualmente relevante garantizar una adecuada comunicación de los riesgos asociados a la contaminación atmosférica. Es necesario informara la población sobre el estado de la calidad del aire, para que las personas implementen acciones que reduzcan su exposición en función de sus condiciones de vulnerabilidad, que dependen de factores biológicos como la edad y el sexo, así como condiciones sociales o de conducta. Algunos grupos de interés por su nivel de vulnerabilidad a los efectos de la mala calidad del aire son las niñas y niños, personas adultas mayores, embarazadasy la población con condiciones médicas preexistentes o prevalencia de enfermedades crónicas.