Los países de América del Norte, entre los cuales se encuentra México, al igual que los de Centroamérica y el Caribe, han tomado parte en un largo proceso desarrollado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para reducir o eliminar los usos no esenciales y la liberación al ambiente de sustancias que constituyen contaminantes orgánicos persistentes, y que ha culminado con el establecimiento en el año 2001 de un Tratado Internacional en la materia: el Convenio de Estocolmo.