Por: Isabella Cota
En 2019, un puñado de las más grandes empresas y cámaras industriales en México se reunieron con un improbable objetivo: eliminar la contaminación por plásticos. Hartos de tener que cumplir con legislación distinta en cada estado, se acercaron con los senadores del partido en el poder, Morena, para escribir un “acuerdo nacional” que serviría como la base de dos modificaciones a la ley que actualmente esperan un voto en el Congreso. De pasar, sin embargo, México se convertiría en un paraíso para la industria, ya que ocurriría lo contrario y liberaría a las empresas de esta responsabilidad ambiental.
Activistas y diputados de oposición aseguran que la propuesta de Morena para modificar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos así como el proyecto de decreto para emitir la Ley de Economía Circular implican un retroceso para el país, en un momento en que la tendencia en el resto del mundo es por impulsar la responsabilidad extendida del productor. En la Unión Europea, así como en Colombia y Argentina, entre otros países, la ley obliga a las empresas a que se hagan cargo de los productos que fabrican en cada fase de su vida. Es decir, los obliga a que recuperen sus productos una vez que el consumidor deja de usarlos, los reciclen y dispongan del resto del material de manera adecuada.
Estas dos iniciativas van de la mano y ya fueron aprobadas por el Senado en México. En corto: ponen la responsabilidad de la basura en los gobiernos municipales, imposibilitando la economía circular, la cual exige que se utilicen los residuos para evitar explotar más los recursos del planeta y reducir la contaminación. Las propuestas revierten el avance en contra de la contaminación por plástico que han hecho algunos estados, aseguran especialistas. Además, las empresas buscan incluir algunas excepciones a lo que se consideraría como plástico de un solo uso.
“Cuando se habla de plásticos, están queriendo hacer unas excepciones en plásticos de un solo uso”, dice Melissa Vargas, diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente en la cámara, a donde llegará la propuesta el mes que viene. “Lo que argumentan las organizaciones ambientales es que tenemos que cambiar el producto desde su origen y no permitir algunos tipos de plástico, porque todos terminan siendo basura en los ríos y en los océanos, independientemente de si es de un solo uso o no”, sostiene Vargas.
El problema del manejo de los residuos es tan grande, que es difícil dimensionarlo. América Latina y el Caribe generaron 541.000 toneladas de basura urbana por día en 2014, cifra que se espera aumente en 25% para 2050, de acuerdo con Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS). Los países reciclan entre el 1% y el 20% de los residuos y el CODS estima que solo la mitad de la basura se maneja de forma adecuada. El resto se vierte en botadores a cielo abierto y hasta se quema.
“Basta leer algunos de los artículos, tanto los que quieren modificar en la Ley General de Residuos, como de la Economía Circular, y encuentras que ahí está todo lo que la industria ha estado buscando hacer durante años”, dice Sofía Chávez, directora de la ONG Casa Cem-Vias Verdes, con sede en Guadalajara. La propuesta prohibe a los estados, por ejemplo, a regular los residuos de manejo especial. Esto prohibiría a las entidades que pasen su propia legislación prohibiendo los plásticos de un solo uso u obligando a que cierto porcentaje del plástico sea reciclado, como se ha hecho en la CIudad de México y en el Estado de México.
Las propuestas también piden impulsar, a través de nueva infraestructura, la incineración de la basura, una práctica prohibida en gran parte del mundo por sus efectos tóxicos en el aire. “Las organizaciones ambientales han dejado muy en claro que la quema de la basura no es una alternativa viable”, dice la diputada Vargas. “Se viene una discusión que no ha terminado todavía. Creemos, por lo menos en el grupo parlamentario del PRI, que tiene que haber modificaciones a estas propuestas. No pueden aprobarse tal cal como vienen del Senado ambas propuestas, sobre todo porque pondríamos en riesgo los avances que ya habido”, agrega.
Desde el 2020, la organización no gubernamental de protección del medio ambiente Greenpeace advirtió: “Esta situación es una prueba de que para la industria de plástico priman más los intereses económicos sobre la disposición a tomar medidas que verdaderamente protejan a las personas y al planeta, como también se observa en su actual intención de sacar provecho económico del COVID19 para seguir obteniendo ganancias a costa de contaminar el medio ambiente y jugar con los temores de la gente en medio de este contexto tan delicado”.
Otra de las propuestas es que incorporen al sector formal al incontable número de pepenadores que actualmente separan la basura en México en condiciones de precariedad. “Incluso habla de que los municipios los tienen que apoyar”, dice Chávez, “para la industria es muy importante que los municipios formalicen la presencia de los pepenadores en los rellenos sanitarios, porque para la industria, la pepena es la fuente más importante de recuperación de plásticos”. Esto libera a las empresas a tener que diseñar sistemas para recuperar sus propios productos de manos de los consumidores, separarlos, reciclarlos y después disponer del resto de la materia de manera segura para el medio ambiente.
“Esto tiene implicaciones sociales y políticas tremendamente grandes y graves para los municipios, además de que está metiéndose en competencias que no son de la Federación”, dice Chávez. A pesar de que las autoridades no exigen el cumplimiento de la ley, la pepena en México es ilegal por el número de accidentes, prácticas peligrosas y abusivas que perpetúa, incluyendo el trabajo infantil. Los pepenadores, a pesar de ser informales, trabajan de manera organizada, y hasta en sindicatos. Esto los hace bloques electorales y políticos muy atractivos para los partidos.
En muchos países desarrollados, la pepena ya no existe, asegura Chávez, y los residuos se separan desde el origen en las casas y en las empresas. “Si tú generas residuos en tu casa, tú tienes la obligación en muchos otros países de hacer una separación y tienes una colecta separada que se va directamente a plantas recicladoras. Realmente los residuos aprovechables nunca deberían de llegar a un relleno sanitario, o sea, tienen que sacarse antes de llegar a un relleno sanitario”, explica la especialista.
“Esto es todo menos un proyecto de economía circular”, exclama Chávez, “y se lo dije a los representantes de las empresas y legisladores, que si quieren pasar esta ley que por lo menos la llamen otra cosa”.
